Complot y amenazas en los testigos del Cas Alqueria

El Cas Alqueria va dejando testigos en contra de la gestión de Jorge Rodríguez y de las personas imputadas, en relación a la cuestionada legalidad de la contratación de los altos cargos. Pero al mismo tiempo también aporta argumentos que validan la versión de los imputados.

Las defensas entienden que una de las testigos del Cas Alqueria confiesa "haber recibido presiones de la parte denunciante para declarar contra Jorge Rodríguez". Se trata de la secretaria de José Luis Pellicer, máximo responsable del departamento jurídico de Imelsa-Divalterra y uno de los acusadores, ha confesado "haber recibido presiones por parte de éste, para que declarara contra Jorge Rodríguez y el resto de los acusados", mantienen las defensas.

El expresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha manifestado que confesiones como ésta en el turno de declaraciones “van dejando claro el complot que se urdió contra el gobierno progresista de la Diputación. Probablemente, ahora irá entendiéndose mejor el Cas Alqueria”.

De igual modo, la empleada núm. 2 del departamento de Recursos Humanos de la empresa pública, declaraba que fue una asesoría de Derecho Laboral quien redactó los contratos con el conocimiento del jefe de Recursos Humanos, de los Servicios Jurídicos y del Auditor Interno.

Por el contrario, el auditor interno de Divalterra corroboraba este martes una escena que ya se había adelantado en sesiones anteriores del juicio por parte de otras personas que fueron testigos, en la que él recibió insultos por parte del jefe de gabinete de Jorge Rodríguez, Ricardo Gallego. Los hechos ocurrieron en el Consejo de Administración de Divalterra de noviembre de 2016. El auditor interno declaró en la audiencia, que en el consejo quería explicar el trabajo realizado desde su entrada en la empresa. Al estar repartiendo la documentación, relataba, una persona se acercó a él y le dijo, “con un tono muy agresivo, que estaba haciendo. Luego dijo que el punto del día se iba a anular y no iba a abordarse”. Él mantenía que no conocía a esa persona y cuando le preguntó quién era, le dijo que era Ricard Gallego, el jefe de gabinete del presidente. “¿Tienes algún problema?”.

El auditor contó que, a continuación, le dijo que no tenía ningún problema y que cuando llegó el momento de exponer, cada vez que levantaba el cabo Gallego le insultaba diciéndole “hijo de puta”. Por último, no pudo exponer el informe porque el presidente le estuvo interrumpiendo constantemente hasta que intervino y dijo: “Creo que todos sabemos leer aquí, así que pasamos al siguiente punto”.

Del mismo modo detalló que la idea principal era comunicar que la contratación de los altos cargos desde el punto de vista económico "no tenía sentido", porque tenía el mismo presupuesto y la masa salarial de alta dirección que tenía una persona pasaba a diez , cargando las cuentas de gastos fijos que "para nosotros no obedecían al uso racional de los recursos públicos", añadía.

El testigo añadió que se le "amenazaba constantemente" con su despido y decidió dejar la empresa.