Piden la libertad de un preso guineano vinculado a Ontinyent

El 16 de septiembre el dibujante y activista Ramón Esono fue detenido en Malabo cuando salía de un restaurante. Junto a otros dos españoles, agentes de la seguridad del estado guineano les esposaron y se incautaron de los teléfonos móviles antes de llevarlos a la Oficina contra el Terrorismo y Actividades Peligrosas. Tras ser interrogados, ambos ciudadanos españoles fueron liberados. Por el contrario Ramón Esono fue acusado de dirigir una organización implicada en blanqueo de dinero y falsificación de moneda. Sigue preso en BlackBeach, un penalti de mala reputación en el país. Ya son casi quince días, sin comunicación exterior y con la única posibilidad de que le visiten sus hermanos.

AMNISTÍA INTERNACIONAL
El caso ha llegado a Amnistía Internacional que lo califica de "acusaciones falsas" y solicita una acción urgente para liberar a Ramón Esono. Según este organismo “Ramón es dibujante y activista, y utiliza su trabajo para criticar la situación de los derechos humanos en el país. En 2014 publicó un cómic titulado 'La pesadilla de Obi', en el que denunciaba, entre otras cosas, los abusos contra los derechos humanos cometidos por el Estado, la desigualdad económica en el país y el miedo de la población a pronunciarlo contra el gobierno”. De hecho, durante el interrogatorio que prosiguió a su detención, "los agentes de seguridad advirtieron a Ramón de que sus viñetas sobre el presidente y su difusión por internet podían considerarse difamatorias".

Casado con la ontinyentina Eloisa Vaello Marco, Ramón había regresado a su país a finales del mes de agosto para renovar su pasaporte y estaba a la espera de que se le tramitara la documentación cuando sobrevino su detención y encarcelamiento.
Hasta ahora el ilustrador y dibujante residía junto a su familia en Paraguay puesto que la ontinyentina Eloisa Vaello (ingeniera de sistemas y Master en Relaciones Interionacionales) es directora del Instituto de Cooperación Internacional.
Esono seguirá encarcelado el tiempo que dure la supuesta investigación, que puede ser indefinidamente y existen serias dudas de que este proceso sea realizado con las garantías legales suficientes.