El pasado 8 de noviembre la Consejería de Hacienda, Economía y Administración Pública publicó una resolución en la que figuraba el recorte presupuestario inmediato de más de 14 millones de euros que afectará a la atención de 9.300 personas con diversidad funcional y personas con problemas de salud mental presentes en la Federación de Entidades de Atención a la Discapacidad de la Comunidad Valenciana (FEADCV). Esta decisión se ejecutó sin informar previamente a la organización afectada. Esta reducción de más de 14 millones perjudicará, especialmente a Ontinyent, a la atención de personas con discapacidad intelectual de más de 500 usuarios entre el proyecto Trévol, AFAO y ADIEM.
La Entidad considera que la rebaja presupuestaria perjudica a 131 organizaciones sin ánimo de lucro en la Comunitat Valenciana que se encargan de gestionar centros de atención y servicios para este colectivo. Junto a ello, esta medida condicionaría la continuidad laboral de 3.700 trabajadores del sector en la Comunitat Valenciana, entre los que se cuentan psicólogos, cuidadores, personal de limpieza y cocina. En Ontinyent y la comarca, pone en riesgo la plantilla de más de 60 trabajadores entre ADIEM, AFAO, y el proyecto Trévol. La financiación, calculada con exactitud para cada centro, se comunicó por parte de la Conselleria de Igualdad, que fue retrasándose con la entrada del nuevo Gobierno autonómico encabezado por Carlos Mazón.
“Estamos muy preocupados, el Ayuntamiento de Ontinyent debe asumir en sus próximos presupuestos el recorte de la Generalitat y dotar de crédito suficiente a estas entidades con el fin de que tengan la financiación adecuada a la actividad social que realizan a los usuarios de Ontinyent, tras la ruptura del concierto establecido por la Generalitat Valenciana con una validez del 1 de julio de 2022 al 30 de junio de 2026. El acuerdo se formalizó el día 17 de noviembre de 2022 con el anterior Gobierno valenciano del Pacto del Botánico, afirma José Antonio Martínez, portavoz municipal del grupo socialista en Ontinyent.
“El Tercer Sector de la Comunidad Valenciana vive tiempo de incertidumbre por los recortes del gobierno del PP y Vox presidido por el sr. Mazón.” Manifiesta Martínez. “Las entidades que atienden a las personas más vulnerables se sostienen, gracias al Concierto Social que el gobierno del Botánico estableció en 2019 y que, desde 2022, garantiza la atención a sus usuarios/as bajo esta modalidad de “contrato” con el administración autonómica, y así está previsto hasta el año 2026. La rebaja en los recursos que la Generalitat transfiere a las entidades sociales puede hundirlas.”
"Y es que, el gobierno del Botánico apostó por "poner a las personas primero" reforzando la "cuarta pata" de nuestro Estado de Bienestar, los servicios sociales", según Martínez.
El pasado 8 de noviembre, el Consejo de Carlos Mazón publicaba en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana el acuerdo por el que esta asignación presupuestaria se transfería del capítulo 4 (gestión y organización del sistema) al 2 (planificación y coordinación de infraestructuras) de la Conselleria de Igualdad y Políticas Sociales. En noviembre de 2023 llegan malas noticias para un Tercer Sector que representa, según datos de la Plataforma del Tercer Sector de España, el 1,45% del PIB nacional y ocupa al 3% de las personas asalariadas. Además, las entidades que conforman el tejido asociativo representan, según la Plataforma Autonómica, a más de 300.000 personas vulnerables.
Además, este año 2023, el llamado "Decreto de tipologías" que actualiza la normativa, y establece un nuevo modelo de intervención "centrado en la persona", regula la organización de los recursos de atención (residencias, centros de atención diurna, atención precoz, etc.), sus espacios, el perfil de las plantillas profesionales que deben atender a las personas y supone un incremento significativo en el ratio de personal. Ese decreto, bien acogido por la gran mayoría de entidades, se encuentra en estos momentos en un “limbo”. Según la administración a la que se pregunte, la respuesta es que está "paralizado", "congelado" o "su aplicación es parcial".
Destapado el engaño” aclara Martínez, los motivos expuestos por la Conselleria no se sostienen. “El Consejo del Botánico, nunca dejó de financiar los servicios sociales y mejoró los tiempos en los pagos al Tercer Sector y todos los indicadores del sistema, tal y como ha ido destacando la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales en su Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales de los últimos años (de hecho, nuestra Comunidad pasaba de ser la última de la lista en cuanto a inversión social en estar por encima de la media de las CC. AA)”. No aportar los 38 millones de euros supone poner en peligro a las organizaciones que componen el Tercer Sector de la Comunidad que tendrán que rehacer sus presupuestos a mes y medio para cerrar su ejercicio; comunicar a los usuarios, a sus familias y al personal laboral que no se aumentará el ratio de profesionales para la mejora de la atención y tampoco los salarios (que en algunos casos suponía una subida de hasta un 50% en los próximos años, sobre todo para el personal auxiliar, que es el peor remunerado).