El Tribunal Supremo ha dado "la razón al Ayuntamiento de Aielo de Malferit" en su decisión de "cerrar el salón de eventos La Serratella para operar sin licencia de actividad ajustada a la ley", según han explicado en un comunicado desde el Partido Popular de la provincia de Valencia. "El cierre se convirtió en consecuencia de una denuncia de un vecino que fue atendida en todas las instancias por la justicia", manifiestan.
Poniendo en antecedentes, desde el PP explican que La Serratella “inició su actividad en el año 2000 con una licencia concebida por el entonces alcalde de Aielo, Francesc Martí, pese a que la construcción se había concedido para un inmueble de 6 viviendas. La denuncia posterior de un vecino de la localidad llevó a que los tribunales en dos instancias, en 2007 y 2009, declararan ilegal la actividad de La Serratella”.
Con el actual alcalde de Aielo, el popular José Luis Juan Pinter, “el ayuntamiento decidió cerrar el salón para seguir adelante con su actividad y puesto que sus propietarios no atendían a razones”. El corte del suministro de “agua y luz en el año 2010 llevó al cese de la actividad”. Los propietarios del salón recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y en el año 2012 “los jueces volvió a dar la razón a la decisión municipal, por entender que La Serratella trabajaba con una licencia de actividad contraria a las normas judiciales”.
La batalla judicial continuó con los propietarios que llegaron a reclamar “más de 2 millones de euros de indemnización ante los tribunales por no poder abrir su negocio. Por último, el Tribunal Supremo ha dictaminado a favor de la actuación del Ayuntamiento al entender que quien comete una actividad ilegal no puede beneficiarse de ésta”, explican las mismas fuentes. La justicia también ha obligado a "derribar parte de la construcción y apoya al ayuntamiento en su decisión de no conceder una nueva licencia al salón en las mismas condiciones que anularon los tribunales".
El alcalde de Aielo, José Luis Juan, ha explicado que "una vez la justicia ha dictaminado ya podemos decir que hemos defendido el dinero de todos los vecinos".