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Jorge Rodríguez procesado por el caso Alqueria

El juzgado de instrucción número 9 de Valencia ha incoado auto de procesamiento contra el ex presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, actualmente alcalde de la ciudad de Ontinyent. Rodríguez ha quedado finalmente procesado por el caso Alqueria que investiga la gestión y contratación de altos cargos en la empresa pública Divalterra. Junto con Rodríguez también han sido procesados ​​otros 14 cargos vinculados al PSPV ya Compromís, entre ellos el jefe de gabinete Ricard Gallego y el que en ese momento era asesor Manuel Reguart.

El magistrado, que da así por concluida la investigación, aprecia "indicios de delitos continuados de malversación y prevaricación en la actuación de los encausados ​​y cifra en 1.122.095 euros el perjuicio generado en las arcas públicas", según fuentes del TSJCV.

“En caso de que nos ocupa, se ha infringido, presuntamente, este ejercicio de legalidad y mandato, en la total y correcta aplicación de los fondos públicos encomendados a las autoridades o funcionarios públicos”, precisa en un acto notificado este miércoles a las partes según fuentes judiciales.

En concreto, el instructor señala una "contratación presuntamente simulada y sin observar los requisitos legales ni estatutarios de la empresa de siete altos directivos más otros dos entre noviembre de 2015 y febrero de 2018".

Estas contrataciones -añade- supusieron “un presunto desvío y con ello malversación de caudales en favor de unos particulares, y más aún, y presuntamente, por puros intereses de índole partidista, en ese reparto de cargos entre los dos partidos en el poder, PSOE y Compromís”.

Los investigados contra los que se sigue el procedimiento son, además del expresidente de la Diputación, sus asesores en esos momentos Ricardo Gallego y Manuel Reguart; el que fuera secretario-letrado asesor de Divalterra Jorge Cuerda y los ex gerentes de Imelsa (luego denominada Divalterra) José Ramón Tíller, Vicent Xavier Simón y Agustina Brines.

El magistrado considera que los contratos de alta dirección se realizaron con la intervención de los gerentes de la empresa pública “y el conocimiento y plan preconcebido presuntamente por el propio presidente de la Diputación Provincial y presidente del Consejo de Administración de Imelsa y del su equipo más cercano”.

La causa se dirige también contra siete de los altos directivos contratados, quienes, de acuerdo con la investigación realizada, no cumplían los requisitos para acceder a esos cargos ni desempeñaron nunca como tales.

Por contra, el instructor decretó el sobreseimiento de las diligencias respecto de otro alto directivo que presentó su carta de renuncia al puesto apenas unos días después de ser nombrado.

El acto, que puede ser recurrido tanto en reforma como en apelación, establece un plazo de diez días para que la Fiscalía y las acusaciones soliciten la apertura de juicio oral o el archivo de la causa.

Con este auto finaliza una instrucción que ha durado algo más de dos años. Después de esa decisión todo parece encaminado hacia un juicio oral que todavía no tiene fecha señalada.