Según varios medios autonómicos la Fiscalía Anticorrupción solicitó 8 años de cárcel para el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, por su implicación en el Caso Alquería. También lo ha hecho para su jefe de gabinete, Ricard Gallego, el que fuera su asesor en la Diputación de Valencia, Manuel Reguart, y para los dos exgerentes de Divalterra, José Ramón Tiller y Agustina Brines.
La Fiscalía pide esta pena al considerar los delitos de prevaricación administrativa continua, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial. Además, este organismo solicita también un total de veinte años de inhabilitación absoluta y la prohibición de ejercer cualquier profesión en la que tengan que asesorar jurídica o económicamente durante seis años. A los siete ex altos cargos contratados les piden seis años de cárcel.
Así el titular del Juzgado de Instrucción 9 de Valencia acuerda la apertura de juicio oral por la presunta simulación de contratos de alta dirección en la empresa pública Divalterra para beneficiar a miembros y simpatizantes de los partidos PSPV-PSOE y Compromís.
La resolución, notificada este martes a las partes señala a la Audiencia de Valencia como órgano competente para el enjuiciamiento y fallo de esta causa y da diez días a las defensas para que formulen sus escritos de conclusiones.
Asimismo, requiere a ocho de los acusados para que presenten fianzas por importes que van desde los 8.227 a los más de 194.000 euros a fin de asegurar el pago de posibles responsabilidades civiles, y determina la responsabilidad solidaria de los otros siete respecto a parte de esas sumas .