A principios de este año el subdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, José Roberto González Cachorro, ya tranquilizaba de palabra al alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, y le prometía que la comisaría de Policía Nacional se mantendrá en la ciudad . Pero como las palabras van y vienen según la dirección en la que sople cada viento, en cada momento, adquiere importancia el anuncio este jueves en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) por el que queda sin efecto el plan que ya debía haber entrado en vigor en junio y que planteaba una reordenación de las fuerzas de seguridad.
Esta orden procede a “anular la resolución de la Delegación de Gobierno, de fecha 3 de enero de 2020, sobre deslinde territorial de competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia de Valencia” e incluso se subraya que lo que se decide es "no sólo posponer la fecha indicada, sino acordar finalmente la anulación de las medidas inicialmente previstas".
EL PLAN
Cabe recordar que el anterior delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, presentaba a finales de 2019 el nuevo mapa policial en la provincia de Valencia en el que se planteaba una remodelación y deslinde territorial de competencias de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Según este nuevo mapa, los términos municipales de Ontinyent y Xàtiva quedarían compartidos y la competencia en el caso de la capital del Valle de Albaida correspondería a la Guardia Civil mientras que la capital de la Costera correspondería al Cuerpo Nacional de Policía. Esta nueva demarcación se implantaría en un plazo de cinco años, para adecuar instalaciones y plantillas. En la práctica el nuevo plan proyectaba desmantelar la comisaría de Ontinyent.
Según aquel proyecto de la Delegación del Gobierno a partir de 2024, en Ontinyent la competencia exclusiva de la seguridad en la ciudad y el diseminado sería únicamente ejercida por parte de la Guardia Civil, con una cifra de efectivos como mínimo equivalente a la de la actual suma de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil en la ciudad. Además, se establecía que los servicios administrativos vinculados a la Policía Nacional como la expedición de DNI o pasaportes se mantendrían, mientras que la atención a la violencia de género pasaría a ser responsabilidad de la Benemérita.
REACCIONES
El plan sorprendió, primero en la misma comisaría de Ontinyent que no había sido consultada ni informada previamente. Y, después, a los representantes municipales que reaccionaron en contra de esta iniciativa.
Así en el último pleno del pasado año, el 26 de diciembre de 2019, se aprobó por unanimidad la solicitud de paralización de esta nueva distribución de las Fuerzas de Seguridad del Estado propuesta por el Ministerio de Interior .