La Confederación Empresarial del Valle de Albaida, en su reciente Junta Directiva recordó las reivindicaciones que COEVAL consideró importantes poner de manifiesto los diferentes partidos políticos y opinión pública ante los procesos electorales celebrados en 2023. Reivindicaciones vigentes para el recién estrenado 2024 que serán objeto de atención y seguimiento por parte de COEVAL para valorar su grado de cumplimiento. De este modo, durante la celebración de la Junta Directiva se expuso que pymes y autónomos se están encontrando con serias dificultades para hacer frente al alud de normativas y exigencias que se impone desde las administraciones, la tramitación burocrática de las cuales se alarga en el tiempo, con el lastre que esto supone a nivel social y económico.
Por otra parte, pymes y autónomos se enfrentan a retos nuevos y complicados que deben afrontar procedentes de una globalización muy a la medida de las grandes empresas. Es absolutamente necesario trabajar para conseguir una reducción, simplificación y agilización de las cargas burocráticas en todas las administraciones, facilitando la puesta en marcha de proyectos de inversión que actualmente sufren retrasos y paralizaciones insostenibles. Por eso, se pide la aplicación del silencio administrativo, al igual que existe en otros países pertenecientes a la UE.
De este modo, después de cumplirse los plazos legales previstos para que la administración resuelva la solicitud planteada, debe considerarse de manera general como positivo, dado que el solicitante no puede ser el perjudicado por la carencia de diligencia y agilidad administrativa, más incomprensible que nunca con los avances tecnológicos que hoy existen, y que sí son utilizados de manera eficaz por la administración en temas de exigencia tributaria a ciudadanos y empresas. Otra medida importante en la misma dirección es la extensión en la medida de lo posible de la declaración responsable como mecanismo para impulsar solicitudes a las administraciones.
Por otra parte, PYMES y autónomos para poder ser competitivos deben realizar un gran esfuerzo en todos los ámbitos para continuar su actividad y mantener los puestos de trabajo, esfuerzo que necesita financiación y circulando en condiciones adecuadas. En este sentido, se solicita a la administración pública el anticipo del 50% de la financiación de los proyectos que han obtenido una resolución aprobatoria de subvención o ayuda. Igualmente se pide que los fondos europeos lleguen en serio a pymes y autónomos, ya que la realidad demuestra más bien todo lo contrario. “Esperamos que este 2024 la Administración Central y Autonómica pasen de las palabras a los hechos y empiecen a llegar a pymes y autónomos lo que corresponda de los 163.000 millones de euros que hasta 2026 la UE prevé para España por los Fondos Next Generation EU, ya que afectan a temas que imprescindiblemente deben impulsarse si no queremos quedarnos atrasados en materias como la digitalización o la economía circular”.
Igualmente existen una serie de temas importantes para el futuro de empresas y autónomos que se pide que sean abordados con agilidad. En concreto se solicita la supresión del importe de minimis, que actualmente exige que en los últimos 3 años no excedan de 200.000 € las ayudas públicas sujetas a minimis. De este modo, se podrían llevar a cabo un mayor número de proyectos de inversión con apoyo público. También se solicita la modificación legal de las cuantías de los contratos menores, puesto que es una vía importante de trabajo para pymes y autónomos actuando en colaboración público-privada. Así se solicita que los de suministros o servicios se eleven hasta 50.000€ (actualmente son hasta 15.000€) y los de obra hasta 100.000€ (actualmente son hasta 40.000€). Los contratos menores, con una legislación y control correctos, son la mejor forma de que las pymes puedan acceder a proyectos modestos con cualquier tipo de administración.