Jorge Rodríguez este lunes 19 de septiembre en la Ciudad de la Justicia Valencia. Foto de 2 Clicks.
Hoy lunes 19 de septiembre, a las 10 de la mañana, arrancó en la Sala de Vistas Tirant 2, de la Ciudad de la Justicia de Valencia, el juicio por el caso Alqueria. En el banquillo de los acusados están el expresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, y otras 14 personas, entre los que se encuentran el que fuera su jefe de gabinete en la corporación provincial, Ricard Gallego, y el ontinyentí Manuel Reguart Serna, en aquellos momentos asesor en la Diputación. “Vender a declarar nunca es plato de buen gusto, no es algo agradable ni por lo que quiera pasar nadie, pero después de casi cuatro años llega el momento de tratar de hacer justicia, de tratar de explicar que es el caso Alqueria”, ha explicado el primer edil de Ontinyent, en sus primeras declaraciones a los medios en la entrada de los juzgados.
Rodríguez también ha insistido en que este caso "era más propio de un juzgado contencioso-administrativo", pero "que desgraciadamente después de una detención espectacular, al menos, acabó en un juicio penal y parece que después de cuatro años empezamos a ver la luz al final del túnel”, Señaló.
En la primera semana, se han programado tres vistas para las cuestiones previas, y fuentes de la defensa aseguran que se utilizarán para “alegar indefensión, puesto que el proceso de instrucción ha vulnerado los derechos de los acusados y la su presunción de inocencia”. Según las mismas fuentes, “la fase de instrucción era secreta y cuando se levantó el secreto de sumario, el juez no nos permitió a la defensa preguntar a algunos de los testimonios, impidiendo someter sus palabras a la contradicción”.
Las vistas para las declaraciones de los acusados empezarán el lunes 26 de septiembre, día en el que está previsto que declara el expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez. La Fiscalía solicita ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación para Rodríguez y la propia cárcel para Gallego, Reguart y los dos ex gerentes de Divalterra, la empresa pública que es el núcleo de este juicio. Se les acusa de “prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos”, por la forma en que se contrató a los altos cargos.