Se vuelve a abrir el conflicto de las casetas con multas de 7.000 €

Parecía que era un tema del pasado al que ya se le había puesto solución, pero más de quince años después se revive el conflicto de las casitas y es que varios vecinos están recibiendo multas coercitivas y viendo embargadas sus cuentas para el pago de éstas. Los propietarios afectados son algunos de los que formaron en su momento elAsociación en Defensa de las Casetas (ADECA), que fueron imputados por construir sus viviendas en suelo no urbanizable y que la Fiscalía determinó el sobreseimiento libre de la causa, entendiendo que éstos actuaron movidos por un error invencible por los mensajes que transmitía la administración pública.

Multas de 7.000 euros

Esto abría a finales de 2013 la lleva a regularizar estas casetas en el diseminado de Ontinyent. Ahora, casi una década después de este acto, los propietarios han visto embargadas sus cuentas, debido a multas coercitivas que según ellos ascienden a casi a los 7.000 euros. “Nos multan porque dicen que no finalizamos las casas antes de 2014 y, por tanto, no se pueden regularizar“, explica Víctor, uno de los afectados que asegura que su vivienda sí estaba finalizada antes de este año.

En el caso de Alicia, otra de las damnificadas declara que “nuestra casa está consolidada desde antes de 2014, nos falta chapar el suelo y otros detalles, pero desde 2007 no hemos movido un dedo, esperando que alguien nos autorizara a finalizar”. Una situación similar es la de Paula, otra vecina que ha sido multada por su caseta en suelo no urbanizable.

Ella tampoco finalizó sus obras antes de 2014, puesto que “tenía una orden de paralización y después ya no dio tiempo. El Ayuntamiento de Ontinyent nos prometió una solución y ahora estamos de nuevo igual”. Otra de las cuestiones que denuncia Paula es que le han embargado el primer pago de la multa, de 600 euros, “en la cuenta en la que mi hijo cobra su pensión, por reconocida una discapacidad del 43%”. "Además, si mi casa se supone que es ilegal, ¿por qué me cobran la basura y la contribución?, no es coherente", explica. Estos tres afectados aseguran no ser los únicos que se encuentran en esta coyuntura y son “alrededor de cinco familias las afectadas”.

Todos ellos coinciden en que agotarán todas las vías administrativas y legales para conseguir una solución. "Estamos dispuestos a ir hasta Bruselas", dicen Alicia y su marido, haciendo referencia al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Son muchos años, ya han pasado por tribunales y no descartan volver a ellos. Así, estas vecinas y vecinos de Ontinyent denuncian que este proceso les ha causado "secuelas psicológicas", "problemas para dormir" y "ansiedad".

Estos propietarios afectados creen que las diferentes administraciones "se están pasando el balón" y exigen que el Ayuntamiento ponga solución a sus casos, "tal y como prometieron en pleno municipal que harían".

El Ayuntamiento señala a la ley de Generalitat

Desde el Ayuntamiento de Ontinyent explican que la voluntad es solucionar todos los expedientes de infracciones urbanísticas. “En su momento se abrieron más de un centenar de expedientes, de los que el 95% han ido o se están solucionando”, cuenta Joan Sanchis, concejal de Territorio. Estas soluciones han venido de la mano de los planes parciales en suelo urbanizable o con la declaración individualizada de minimización. Para ese 5% restante, Sanchis, indica que “son casos que todavía no tienen una solución, porque la Ley Urbanística Valenciana no lo permite. Se realizaron varias reformas legislativas, una en 2015 y otra en 2019, pero hay construcciones que todavía no pueden legalizarse”.

Así, afirma que “las multas las pone el ayuntamiento, pero porque así lo indica la ley de la Generalitat Valenciana”. Otra de las explicaciones que da el responsable municipal de Territori es que “la ley también dice que podemos poner las multas o ejecutar el derribo directamente y cobrarle al propietario los costes. Nosotros hemos optado por las multas, porque lo que queremos es que se legalicen las construcciones”.

En este sentido, Sanchis recuerda que el pasado mes de junio, se reunieron con el director general de Urbanismo, Vicente Joaquín García Nebot, en un encuentro en el que también estaba la Asociación de Promotores y Constructores, así como la de Arquitectos y Arquitectos Técnicos. En esta reunión se instó a la Conselleria a que flexibilizara la minimización en el suelo no urbanizable. “No pedimos que se consienta la construcción de nuevos chalés, sino que se pueda legalizar lo que ya existe y que además se permita que estas construcciones, en suelo no urbanizable, puedan instalarse placas solares o cambiar sus ventanas para mejorar la eficiencia energética”.