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Luz al final del túnel para el problema de las casitas ilegales

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Tras cinco años de trabajo del consistorio ontinyentí se va a proceder a la  modificación de la Ley 5/2014 de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP) para que aquellas casitas que se legalicen -gracias a los planes urbanísticos- vean cómo la sanción se reduce significativamente pasando del 95% del valor de la construcción, al 6%, que es en lo que se tasan las infracciones leves.

Un  logro político, legal y medioambiental liderado por la coordinadora de Territorio, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Rebeca Torró. “La única solución global al tema de las casitas pasaba por la ley y finalmente hemos conseguido que aquellas personas que estén legalizando sus construcciones en el diseminado, pasen de pagar una multa del 95% del valor de la edificación a pagar el 6%, lo que representa un gran logro”, explica Rebeca Torró.

La modificación de la ley se ha hecho pensando en clave ontinyentina, pero se van a beneficiar también otros municipios en circunstancias similares.  Se ha ampliado el artículo 255 de la LOTUP añadiendo cinco apartados más y se consiguen, tal y como indica la edil de Territorio, otras mejoras en esta materia. Así, igual que pasa con las multas de tráfico, que cuando se abonan voluntariamente antes del plazo marcado por la administración, el infractor sólo paga la mitad, lo mismo sucederá en el diseminado cuando iniciado el procedimiento sancionador y la multa tenga carácter económico, se pague de forma voluntaria. La misma reducción del 50% se aplicará en aquellos casos en los que sea preferible derruir lo construido ilegalmente y se restituya la realidad como estaba anteriormente.

Los beneficiarios

Cerca de 40 propietarios de viviendas en el diseminado con expedientes de infracción urbanística abiertos son los potenciales beneficiarios en estos momentos de la modificación de la ley, según informan desde el área de Territorio municipal.

Por el momento afecta a los casos de viviendas y obras en suelo calificado como urbanizable, que se sometan al proceso de legalización, que “en cada vecino es distinto, en función de la ubicación y realidad de la propiedad”, explica la edil. Fundamentalmente consiste en dotar de condiciones urbanísticas -luz, aguas residuales, caminos, etc.- al terreno, tal y como exija la administración local. La solicitud de legalización “ya da pie a la suspensión del cobro de la infracción y, una vez legalizado y con licencia se aplicará la normativa modificada en la que se le quitará la sanción inicial (95%) y se le aplicará el 6% del valor de la construcción”.

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