Una imagen de la EDAR.
Es un asunto judicial que se arrastra por unos hechos ocurridos en el 2006. Ambas partes son elAyuntamiento de Ontinyent y la Comunidad de Usuarios de Derrames Ontinyent-Agullent, por un lado, y la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX), por otro. El motivo no es otro que el pago de un canon por el vertido de aguas de ambos municipios en la depuradora, en el que, según la versión municipal, “se quería cobrar más dinero porque la Confederación Hidrográfica del Júcar consideraba que todo el agua limpia que entraba en la depuradora también debía cobrarse”, explican.
El asunto terminó en los tribunales y el proceso se acaba de cerrar, dando la razón a los consistorios ontinyentí y agullentí y haciendo pagar las costas judiciales a la CHX, en primera y segunda instancia. De una forma más técnica, el Tribunal Supremo ha resuelto no admitir a trámite el Recurso de Casación interpuesto por la CHX contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia en cuestión, que anulaba el canon de vertidos, por importe de 650.639 euros.
Este canon, correspondiente al ejercicio 2006, tenía un importe inicial de 832.800 euros y fue anulado en una primera resolución judicial. Posteriormente, la CHX lo volvió a liquidar, esta vez por la citada cifra, los 650.639 euros. Según apuntan las mismas fuentes, "la sentencia es firme y no se puede interponer ningún recurso". Esta circunstancia da carpetazo final a este procedimiento judicial que ha evitado abonar esa cifra que supera el medio millón de euros. Un alivio para unas arcas municipales que, de lo contrario, podrían haber significado un aprieto económico.